Del difícil oficio de razonar

prestigio.

(Del lat. praestigĭum).

1. m. Realce, estimación, renombre, buen crédito.

2. m. Ascendiente, influencia, autoridad.

Señores priistas, decir que alguien miente para desprestigiarlos es un sinsentido. Para poder ser desprestigiado, primero hay que tener buen crédito.

El Estado obnubilado

Fomentar el amor por el país produce mexicanos enamorados. El enamorado perdona y olvida con facilidad. Lo que necesita el país no es que lo amen, sino que lo critiquen, que lo hagan pedazos. La autocrítica es una herramienta para crecer. El enamoramiento, la autocomplacencia, crea niños mimados que solapan y promueven sus propios actos abusivos.

Ponerse guapos

A la presidenta (con minúscula) de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Omeheira López Reyna, se le ocurrió elevar "a rango constitucional el concepto de Derechos Humanos". Excelente. La parte lamentable es su razón para hacerlo: "para que nos veamos como un país respetuoso de estos derechos, que es una de las exigencias que hace la ONU". Si un organismo internacional no exije, nosotros no hacemos. Nuestros habitantes son invisibles hasta que los ojos de otro país los observan: esta habitación es irreal; ella no la ha visto. A alguien aquí le gusta Borges. Mala elección, los argentinos y los derechos humanos a veces no se llevan bien.

Políticos de altura

El día de hoy El Universal publicó varias notas en portada que hacen mención de irregularidades cometidas por -¡sorpresa!- priístas que en las próximas elecciones intermedias buscan tener un puesto en la esfera pública.

1. Hugo Eric Flores Cervantes
Puesto que ostentaba al ser inhabilitado: oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
Sanciones: inhabilitado por 10 años en 2007 y por 12 años en 2008.
Motivo de la sanción: “violación de leyes y normatividad”
Puesto que busca ahora: diputación con el PRI

2. Ildefonso Guajardo Villarreal
Puesto: diputado local de NL por el PRI
De qué se le acusa: presionar al ISSSTE para entregar un contrato a Nadro (empresa farmacéutica) por 3 mil 220 millones de pesos, modificando las bases de la licitación.
Puesto que busca ahora: diputación federal por el PRI


Seguramente acciones como esas son las que hacen que el PRI goce de bajos índices de rechazo.

Nueva definición o sobre ser desidiosos

Sobreseer

(Del lat. supersedēre, cesar, desistir).

1. intr. Desistir de la pretensión o empeño que se tenía.

2. intr. Cesar en el cumplimiento de una obligación.

3. intr. Der. Cesar en una instrucción sumarial y, por ext., dejar sin curso ulterior un procedimiento. U. t. c. tr.

4. Permitir que actores con intereses oscuros hagan uso de su poder e influencia para hacer lo que se les pegue la gana, poniendo de manifiesto la incapacidad de las instituciones para hacer valer la ley.

5. Fomentar la obesidad al dar espacios estériles (en los que se anuncian los partidos políticos e instituciones electorales) que los televidentes aprovecharán para preparase sandwichitos.

De los árbitros poderosos y el público que espera la resolución

Las víctimas de un delito tienen derecho a que se les repare el daño cometido. Para ello se debe diferenciar entre el victimario y el Estado. El primero tiene responsabilidad por ser el autor de la violación de derechos, mientras que el segundo lo hará “como expresión de un compromiso político y humanitario con las víctimas del conflicto” (p. 801).
¿Qué sucede cuando el victimario es el Estado? La responsabilidad de reparar el daño es aun más grande.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos redactó un informe con recomendaciones para el gobierno. Un Ministro de la Corte concuerda en que se violaron derechos fundamentales durante el operativo. Las pruebas son contundentes, los daños están hechos y la responsabilidad del Estado es clara: debe a toda costa reparar los daños y tomar las medidas necesarias para que no se repita un hecho así. Independientemente de que los Ministros apoyen el proyecto de Gudiño, en vista de los tratados internacionales suscritos por México, el Estado está obligado a hacer algo.
La facultad de investigación de la SCJN no le permite determinar “responsabilidades ni las posibles reparaciones por violaciones a derechos fundamentales” (p.801). En cambio, la Secretaría de Seguridad Pública Federal puede directamente iniciar procesos que determinen responsabilidades y obligaciones de reparación. La CNDH la instó a hacerlo. ¿Dónde están los resultados? De acuerdo con este organismo, el Gobierno del Estado de México cumplió cabalmente con las recomendaciones. Ah. ¿Y los demás?
Para lo único que servirá el que se apruebe el proyecto del Ministro Gudiño será para crear presión sobre los involucrados en los crímenes de Atenco. Pero para crear presión es necesario que los medios de comunicación pongan el asunto en la agenda y que todos los mexicanos se enteren de lo que sucede con las autoridades encargadas de salvaguardar la integridad de las personas.
El nueve de febrero, fecha de inicio de la discusión del proyecto, será un día histórico por el simple hecho de que suceda. De no aprobarse el proyecto, probablemente quedará sepultado para siempre. La única manera de evitarlo es que la sociedad lo ponga en la mesa. Depende del interés que presten todos los mexicanos que la ley se haga cumplir.
Las televisoras estarán ocupadas intentando sortear las posibles sanciones que les impondrá el IFE por desobedecer la ley electoral. No parece descabellado o aventurado considerar que la calidad de un medio de comunicación se puede juzgar en coyunturas como ésta. Solo los que estén verdaderamente interesados en que prevalezca la justicia darán una amplia cobertura al evento.
Seguramente Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Yunes y Eduardo Medina Mora (entre cientos de otros funcionarios públicos que tuvieron injerencia en el caso) no sienten el peso de la ley sobre sus espaldas en este momento. No tiene por qué ser así.

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Fuente: Versión pública del dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006.

Regresar a la primaria

Algunos senadores deberían aprender a leer bien. Si lo hicieran no se quejarían por cosas que existen desde hace años y que ellos mismos avalaron.
Uno de ellos declaró que es probable que no hayan tenido tiempo de leer el acuerdo enviado por el IFE. La pregunta es qué tantas leyes han sido votadas después de una exhaustiva lectura.
Quizá sus compañeros diputados que gustan de crear foros para temas irrelevantes puedan organizar uno de comprensión de lectura presidido por René Fujiwara (su segurísimo futuro servidor, diputado plurinominal) quien estaría encargado de acarrear maestros de español.